Hace unas semanas el Gobierno de Chile a través del
Ministerio de Energía presento la Agenda de Energía “Un
desafío país, progreso para todos”. En la cual, dentro de lo nuevo, aparece el
“Nuevo Rol del Estado” en materia energética. En donde se denota que se requiere un
Estado que, con el objeto de garantizar el bien común de los chilenos y
chilenas, articule a los diversos actores en torno a una visión compartida y
oriente el desarrollo energético.
Esto significa
que las reglas del juego las pondrá el Estado. Considerando que es la sociedad
civil en torno a diversas organizaciones sociales y ciudadanas que ven con
preocupación la masificación de proyectos, especialmente, hidroeléctricos en
sus territorios.
Dentro de este
nuevo rol del Estado y revisando la Agenda en completo; encontramos que el
espacio ciudadano para ser parte de esta toma de decisiones está en la creación de la nueva Unidad de Participación y Diálogo al interior del
Ministerio de Energía. La cual, tiene como
objetivo fomentar y fortalecer el diálogo ciudadano en materias energéticas,
atendiendo la inexistencia de un espacio para recoger las inquietudes y
demandas
ciudadanas.
Hasta ahí
vamos ¨casi” bien. Pues la Agenda plantea Elaborar
una Política Energética de Estado con validación social, política y técnica,
en donde se realizará un proceso de diálogo amplio sobre los temas clave que se
desprenden de esta Agenda de Energía y que definen la planificación del sector.
Esto se define a corto plazo año 2025, mediano y largo plazo 2050??? La
pregunta es: ¿Y qué pasa con los proyectos que están en etapa de puesta en
marcha? Como por ejemplo las Centrales Hidroeléctricas en la precordillera de
la Araucanía, especialmente en la comuna de Curacautín.
Y más aún esto se pone color de hormiga cuando dentro de la Agenda
se plantea que: el
Ministerio de Energía, junto a los ministerios de Obras Públicas y Medio
Ambiente, identificarán en el segundo semestre de 2014 las principales barreras que impiden el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del país y, en
particular, el desarrollo de los proyectos en el Plan de Obras de la Comisión
Nacional de Energía de Abril 2014. Asimismo, propondrán los ajustes legales y
reglamentarios para facilitar su aprovechamiento en coherencia con las
propuestas, iniciativas y acciones de Ordenamiento
Territorial formuladas más adelante.
Por otra parte, dentro de la misma Agenda se plantea avanzar en Ordenamiento
Territorial para la hidroelectricidad, en donde se formula que se efectuara
durante el período de Gobierno un proceso de mapeo y análisis global de las cuencas
del país, basado en criterios técnicos hidrológicos, geológicos, ambientales, económicos y
socioculturales.
Y seguimos con
la misma pregunta ¿Y qué pasa con los proyectos que
están en etapa de puesta en marcha? Caerán en esta misma lógica de trabajo,
primero abordar el Ordenamiento Territorial y después analizar la factibilidad
basada en todos los criterios técnicos antes mencionados.
Falta
decir que cuando hablamos de Ordenamiento Territorial debemos considerar que
por ejemplo; el desarrollo productivo de las comunas de la precordillera de la
Araucanía, especialmente Curacautín, se ha focalizado hacia el Turismo de
Intereses Especiales. Generándose amplias inversiones en hoteles, cabañas,
complejos turísticos, termas y varios otros. Sumado a la creación del Geoparque
Kutralkura con fondos de SERNAGEOMIN, el acuerdo Internacional de
que este territorio sea parte de la Reserva Mundial de la Biosfera (UNESCO),
los aportes de CORFO y las gestiones del Gobierno pasado para la inversión en la
construcción del Centro Sky Corralco.
Por
cierto, que los más de 15 proyectos hidroeléctricos que se proyectan a
instalarse en la cuenca del Cautín en la comuna de Curacautín, atentan con esta
visión de desarrollo y que nada tiene que ver con el foco de Ordenamiento
Territorial, que por cierto debió haberse instalado hace ya varios años.
Por
último, debemos preguntarnos ¿Cómo desarrollamos hidroelectricidad en el Chile de hoy? ¿De qué depende que se construya una
central hidroeléctrica en un cierto lugar, a lo largo de un cierto río? Por
ejemplo, ¿por qué se aprueban centrales en ríos de la zona centro-sur? Además,
¿con qué criterios se elige el diseño y operación para estos proyectos que, tal
como demostramos antes, son muy poco respetuosos con el ambiente?
Estas tres
decisiones fundamentales, ubicación, diseño y operación, que en los hechos
determinan íntegramente los impactos ambientales de un proyecto, permitimos que
las tome un privado, con un solo
interés: maximizar su rentabilidad.
Para hacerlo, se adueña de derechos de agua en un tramo de río que cumple con
tener un alto caudal. Elabora luego un proyecto ingenieril para esta ubicación
“óptima”, eligiendo una operación que le reporte el mayor beneficio. En todas estas decisiones, no interviene el Estado, y a nadie le importa si se trata de un río
prístino (Cautín) o bien uno que ya ha sido gestionado de larga data por la
humanidad (el Biobío), ni qué tipo de biodiversidad ampara, ni la presencia de
otras actividades de desarrollo cuyos impactos interactuarán con los de la
central planeada, ni los habitantes de esa cuenca y usuarios del río, que
recibirán los impactos del proyecto pero no los beneficios.
En buenas
palabras, estamos represando Chile, río por río, tramo por tramo, con impactos
ambientales brutales, sobre la base de decisiones descontextualizadas,
netamente técnico-económicas, tomadas por privados, sin ninguna consideración
ambiental o social, y sin ningún tipo de análisis territorial.
